Durante el fin de semana, se presentó una demanda en el Tribunal Superior Federal de Abuja, en la que los proyectos de Responsabilidad y Derechos Socioeconómicos (SERAP) son "una orden de mandamus que ordena y obliga a Lawan, Gbajabiamila y a la Asamblea Nacional a ejercer su supervisión constitucional funciones para garantizar una investigación rápida y transparente sobre la acusación de que los 4.400 millones de nairas presupuestados para la Asamblea Nacional pueden estar desaparecidos.
"SERAP, en la demanda, sostiene que" mediante la lectura combinada de las disposiciones de la Constitución de Nigeria de 1999 (enmendada), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que Nigeria ha ratificado , la Asamblea Nacional tiene la obligación legal de combatir la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. No se ha fijado una fecha para la audiencia de la fiscalía.
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